La Comunidad de Madrid ultima la reforma para mejorar y actualizar la regulación de todos los centros y servicios sanitarios

El objetivo principal es dar una mayor atención a los ciudadanos en el ámbito de la salud y aumentar su seguridad jurídica, así como su protección. También se tienen en cuenta las necesidades de los profesionales que se encargan de estas actuaciones.

El Decreto sobre el régimen jurídico y procedimiento de autorización y registro de los centros y servicios sanitarios establece los requisitos mínimos para el ejercicio de la telemedicina en varias disciplinas, tales como la psicología o la fisioterapia. También fija un mayor control sobre la publicidad sanitaria, que debe regirse por criterios éticos y deontológicos para evitar mensajes engañosos, que no tengan base científica o que utilicen prácticas comerciales inapropiadas, como, por ejemplo, determinados tipos de descuentos.

El proyecto de Decreto del Gobierno madrileño contempla, además, cómo debe ser el procedimiento específico de los programas de garantía de calidad para las radiaciones ionizantes, como las que proporcionan los equipos de rayos X. Y también recoge los servicios complementarios que pueden prestarse en establecimientos del sector, tales como clínicas dentales y de estética. 

El nuevo texto de la Comunidad de Madrid supone mejoras en los regímenes jurídicos y los procedimientos de registro o autorización, que pasan de 8 a 10 años. También se reducen los plazos administrativos para poder abrir un complejo público o privado destinado a la actividad sanitaria, y la documentación que deben aportar los solicitantes disminuye un 40%.

Adaptación a la legislación de la UE 

Por otra parte, el proyecto de Decreto aprobado por el Consejo de Gobierno extiende a universidades y empresas el procedimiento de declaración responsables para llevar a cabo este tipo de actividades.

El texto que prepara la Comunidad de Madrid actualiza la legislación que fue aprobada por la Administración autonómica en 2003 (modificada en 2018 y 2023), adaptándola a la estatal y a la de la Unión Europea.